La regulación europea de la Inteligencia Artificial establece una serie de obligaciones informativas y técnicas para posibilitar el control de los proveedores de sistemas. Ante una normativa tan prolija, se hace necesario definir correctamente su alcance, límites y garantías favorables a la iniciativa e innovación de las empresas, así como precisar su aplicabilidad a los poderes públicos.

Artículo recogido en la Revista de Privacidad y Derecho Digital enlace en Dialnet.